Análisis del artículo REQUISICIONES EN ESTADO DE EXCEPCIÓN escrito por Carlos de Tomaso, el 2 de marzo del año 2026 en el Diario el Universo de Guayaquil.

 

En este artículo el autor exhibe una loable vocación pedagógica: ordena el andamiaje constitucional del estado de excepción con claridad y, en particular, rescata la figura de la requisición como instrumento legítimo en contextos críticos. Su principal acierto estriba en deslindar con precisión conceptual la requisición de la confiscación, subrayando su carácter temporal, indemnizable y sujeto a parámetros de proporcionalidad. Asimismo, la invocación de la jurisprudencia constitucional añade un barniz de juridicidad que robustece su argumentación.

 

El texto incurre en una cierta indulgencia normativa que roza la candidez

 

Se limita a describir las facultades presidenciales como si su consagración legal bastara para inmunizarlas contra el abuso. Tal aproximación omite un aspecto cardinal: el derecho constitucional no se agota en su formulación, sino que se prueba en su ejecución. La referencia a la censura previa, por ejemplo, se despacha sin la gravedad que amerita una potestad potencialmente lesiva para el debate público. Más aún, la amplitud de las medidas económicas y operativas revela un campo fértil para la discrecionalidad, cuya contención no puede confiarse únicamente a la buena fe institucional.

 

En lo relativo al caso concreto en Los Ríos, el autor parece inclinarse por una justificación tácita sin problematizar suficientemente la tensión entre propiedad privada y necesidad pública. Se echa de menos una reflexión más incisiva sobre los límites fácticos de la “necesidad” y sobre los mecanismos efectivos de reparación.

 

Sería pertinente proponer un reforzamiento de los controles materiales: auditorías independientes, plazos perentorios para indemnizaciones y mecanismos expeditos de impugnación. Sin estos contrapesos, la excepcionalidad corre el riesgo de devenir un expediente retórico que legitima, bajo apariencia de legalidad, un ejercicio hipertrofiado del poder estatal.